El 4 de abril del año 2011, hace tres años, el equipo de políticamente incorrecto redactó un ensayo llamado “Nuestra policía nacional” en el que hacíamos un recorrido sobre la historia de la policía a la luz de las diversas denuncias de la sociedad civil de maltrato y atropello vinculado a marchas y manifestaciones contra las elecciones denunciadas como fraudulentas, tanto la presidencial como las municipales/regionales. Las últimas denuncias de parte de jóvenes y adultos involucrados en apoyar a la Unidad Nacional del Adulto Mayor en su toma del edificio del Instituto de Seguridad Social en Managua, como parte de su lucha por el reclamo de obtener una pensión mínima de vejez, nos han llevado a retomar el mismo artículo para poner en contexto estos atropellos a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.

De acuerdo a varias denuncias interpuestas ante la fiscalía de la República de Nicaragua, durante el intento de parte de grupos de personas que acudieron de forma espontánea (organizados desde las redes sociales como #OcupaINSS) para ayudar a los y las ancianos llevándoles agua y comida (acción que fue impedida por la policía nacional) se dieron una serie de detenciones ilegales, acompañadas de maltrato, agresión policial y en un caso específico del cual se cuenta con el testimonio y las evidencias físicas, interrogatorio bajo tortura con ácido.

Las denuncias también indican que en la madrugada del sábado 22 de Junio, en las inmediaciones del edificio del Instituto de Seguridad Social, el plantón de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, conformado por ancianos y ancianas y jóvenes que les estaban apoyando, sufrió un brutal ataque por parte de unas doscientas personas encapuchadas. Estas fueron llegando en camiones de la alcaldía de Managua para agredirlos y robarles sus billeteras, bolsos, aparatos electrónicos y hasta los vehículos que se encontraban estacionados en las cercanías. Todo esto frente a la vista y paciencia de un cordón policial que no sólo no ayudó sino que incluso pateó a las víctimas que intentaron buscar ayuda aferrándose a las piernas de los agentes. Sobre esto también existen varios testimonios, tanto en video como escritos en el CENIDH y ante la fiscalía; incluso existe un video de cámaras de seguridad, que muestra cuando una parte de los atacantes persigue a un grupo de jóvenes hasta la gasolinera PUMA en las inmediaciones de la rotonda de Plaza Inter.

Sin embargo, la policía nacional afirma que todo esto es falso. ¿Cómo es posible? Hagamos un recorrido histórico que nos permita entender como llegamos aquí.

La revolución popular de 1979 dejó a Nicaragua al menos cuatro grandes resultados: el derrocamiento de un sistema dictatorial sangriento, la implementación de un magno proceso de alfabetización y dos instituciones fundamentales, un ejército y una policía con valores cívicos

La historia de la Policía Nacional es relativamente corta debido a que es una organización novedosa en la vida de la república de Nicaragua. Esta es la primera organización policial del país, antes de 1979 la Guardia Nacional (GN) hacía las veces de policía, a su vez la GN era la herencia del cuerpo armado que el general conservador Emiliano Chamorro y los marines norteamericanos llamaron la Constabularia, en 1926.

La GN resguardaba las fronteras, espiaba a la oposición de Somoza para eliminarlos, funcionaba como Policía de Tránsito para darle la coima a los coroneles. Era oficina de Migración, investigaba los delitos comunes. Contaba con una oficina “antinarcóticos” mientras sus generales tenían las más grandes plantaciones de marihuana en la zona de Sébaco y Waslala. Controlaba la prensa con una Oficina de Radio y Televisión, que censuraba previamente los contenidos de todos los medios de comunicación.

La Policía Nacional de Nicaragua nace con la revolución en 1979. El Gobierno de Reconstrucción Nacional el 22 de agosto de ese año declara disuelta la Guardia Nacional, la Oficina de Seguridad Nacional y el Servicio de Inteligencia Militar, y las leyes del país.

La policía nace el cinco de septiembre 1979, con el nombre de Policía Sandinista, pero hasta 1980 con el Decreto 559, se crea la “Ley de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista”.

Entre 1982 a 1988 se priorizó la defensa militar debido al conflicto armado que existía con la resistencia. Se formaron fuerzas operativas/administrativas en apoyo a las tropas del Ministerio del Interior. En ese entonces la organización policial era una fuerza bastante militarizada, sus cuadros rotaban en todas las especialidades del Ministerio del Interior (hoy Ministerio de Gobernación) que eran la Seguridad del Estado, el Sistema Penitenciario y la Dirección de Migración

Entre 1989 y 1992 se cambia el uniforme y se asume el nombre de Policía Nacional. El Decreto Ejecutivo 45-92 definió la función, organización y carrera Policial. En 1992, la Ley 144, Ley de Funciones de la Policía Nacional en materia de Auxilio Judicial, fija nuevas funciones a la Institución.

La Unión Nacional Opositora (UNO) que ganó las elecciones en 1990, tenía previsto como parte de su plan de gobierno la liquidación del Ejército Popular Sandinista y la transformación radical de la Policía Sandinista, lo que requería eliminar cuadros intermedios, medios y de dirección de ambos cuerpos armados, debido a su afiliación con el FSLN. Cuando Violeta Barrios asume la primera magistratura del país, el control sobre la organización social y la barrida de mandos para transformar la organización se convirtió en una prioridad, esto con el apoyo del presidente de Estados Unidos George Bush padre.

El gobierno de Barrios y la injerencia del gobierno de Bush era posible debido a que ambas organizaciones, tanto la militar como la policial carecían de leyes propias que las regularan. El plan era erradicar toda la plana mayor de la policía, contando luego con la asesoría del gobierno español de Felipe González y la guardia civil española para transformar la policía. Uniéndose a este plan estaba Arnoldo Alemán, entonces alcalde de Managua, con la idea de formar una policía municipal. Esto puso en alerta al FSLN, que temía el uso político para la persecución de militantes sandinistas por parte de esta nueva fuerza de orden público propuesta por Alemán.

En 1992, el ministro de la presidencia Antonio Lacayo (actual director ejecutivo del Centro Empresarial Pellas) volvió de un viaje a Washington con la misión de despedir al jefe de la policía René Vivas. Esto era una manera de responder a las exigencias de parte del gobierno norteamericano de ir eliminando a los cabecillas del ejército y la policía para destrabar los 100 millones de dólares en créditos y donativos que constituían la cantidad anual prometida de desembolsos de Estados Unidos para Nicaragua por diez años, como premio a la renuncia pública de la presidenta Barrios a la indemnización que la Haya había fijado en 17 mil millones de dólares por el financiamiento y asesoría brindada por Reagan a la resistencia.

La policía se opuso a estos despidos y finalmente, para evitar futuras injerencias por parte del gobierno norteamericano, se condicionó la salida de René Vivas con la formulación de una ley que regulara la institución policial. Se aprovechó que en aquel momento la constitución permitía al ejecutivo aprobar leyes, fue así como nació la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

La ley permitió definir la organización, funcionamiento y campo de actuación policial. Así como la posibilidad de tener una identidad propia, de naturaleza civil y de carácter apartidista.

La doctrina policial publicada en 1997 define los valores de Patriotismo, Legalidad, Humanismo, Profesionalismo, Integridad, Servicio a la comunidad, Espíritu de cuerpo, Carácter preventivo y Enfoque de género.

La legalidad se define en la doctrina como “La organización, funcionamiento y actuación de la Policía se basa rigurosamente en la ley. Legalidad implica el apego irrestricto al marco legal existente, la defensa y promoción del Estado de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y la actuación imparcial sin distingo de raza, sexo, credo, posición política, económica o social. La legalidad está por encima de los intereses personales de grupos particulares”

A finales de los 90 la Policía Nacional buscó modernización y desarrollo y con el apoyo del Reino de Suecia se puso en marcha el Proyecto de Modernización, Desarrollo y Capacitación de la Academia de Policía y la Policía Nacional de Nicaragua.

La historia posterior de la policía nacional ha tenido sus altos y bajos como en el 2003 cuando las declaraciones (en parte exageradas por los medios) del entonces jefe de la policía Edwin Cordero, de que efectivamente en ocasiones se había pagado con droga a informantes, dejando al descubierto prácticas que fomentaban la corrupción. En el 2006 el entrenamiento de los policías mostró su debilidad cuando un campesino asesinó en Juigalpa a un capitán e hirió a otros dos policías que intentaban desarmarlo; ese mismo año el conductor privado del jefe de la Policía de Managua, Comisionado Mayor Carlos Bendaña, apareció vinculado al asesinato de Jerónimo Polanco, dueño de centros nocturnos de Managua y gran amigo de la policía que hacía donaciones a la institución.

Por momentos parecía que nuestra policía estaba entrando en un sistema de descomposición bajo la influencia y embate del narcotráfico y las tendencias neoliberales, sin embargo, la policía se sostuvo, manteniéndose en el puesto de la policía más eficiente y menos corrupta de Centroamérica; se generó también un combate de frente a la narcoactividad, particularmente bajo el mando de una nueva jefa policial: Aminta Granera.

En el año 2006 Aminta Granera se disputó el puesto de jefa de la policía con Ana Julia Guido, que era la preferida entre los oficiales más antiguos por vínculos de lealtad política e institucional. De Granera se decía que no era del pueblo por ser hija de una familia leonesa de alta posición social, a pesar de haberse destacado en la lucha contra Somoza y haber ejercido la jefatura de distintas especialidades de la Policía; también se decía que tendía a actuar de manera excesivamente individualista.

Finalmente el presidente Enrique Bolaños nombró a Granera y la policía mantuvo su lucha por mantenerse en el camino fiel a sus valores y principios, hasta que llegó el año 2007.

Antes de que Daniel Ortega Saavedra asumiera nuevamente la presidencia de la república, la policía nacional había echo un largo y penoso recorrido para convertirse en una de las pocas instituciones sobrevivientes de la revolución. Una institución en continuo aprendizaje que había desarrollado un exitoso trabajo con las pandillas juveniles, único en centro América, con una lucha frontal contra el narcotráfico y un reconocimiento social con el que no contaban otros poderes del estado o los partidos políticos.

El 5 de septiembre de 2008, la primera dama Rosario Murillo leyó en la celebración del 29 Aniversario de la Policía Nacional un decreto presidencial en el que se definía el ascenso como comisionados generales a tres oficiales que se suponía eran leales a Ortega, a la vez que se enviaba a retiro a seis comisionados que gozaban de la confianza de Granera.

Uno de los retirados era el ex jefe de la desaparecida Unidad Anticorrupción, eliminada por órdenes del presidente Daniel Ortega. Ninguno de los retirados estaba en la edad de jubilación, no habían agotado su segundo período en el cargo y todos contaban con buenas referencias.

De manera extra oficial se supo que el presidente Daniel Ortega tuvo “razones políticas” para ordenar el retiro de estos oficiales superiores, ya que todos ellos pertenecían al círculo de confianza de la primera comisionada Aminta Granera, quien hasta se dice pensó en la posibilidad de renunciar.

En el año 2008 el presidente Daniel Ortega hizo las siguientes declaraciones en un acto público en el que se encontraban los jefes de la policía y el ejército:

“Esta es una Policía y un Ejército que surgieron de una revolución, con una gran mística, pero en estos 16 años de neoliberalismo, de capitalismo salvaje como llamaba Su Santidad Juan Pablo II ha venido la descomposición por todos lados, tenemos que admitirlo y hemos visto cómo Aminta al frente de la Policía ha sancionado y expulsado a los hermanos policías”.

“Independientemente de sus valores como revolucionarios que tenían, sus valores como luchadores, empezaron a caer en las garras de la descomposición del capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo, y entonces los ha tenido que sancionar y expulsar, ha tenido que depurar a la Policía”.

“Pero ahora vienen estos muchachos y muchachas jóvenes que vienen con esta promoción y vienen totalmente limpios, como los muchachos y muchachas del Ejército, que son los que más tenemos que cuidar para que no se nos vayan a descomponer y que tengamos una mayor garantía de seguridad ciudadana”.

En el 2009 la jefa del personal policial Elizabeth Rodríguez y Mercedes Ampie jefa nacional de la comisaría de la mujer asistieron al primer congreso departamental de mujeres sandinistas en instituciones del Estado, en el cual el Frente Sandinista se declaró en campaña permanente para lograr la reelección presidencial de Ortega. Las dos funcionarias votaron públicamente, Rodríguez en uniforme reglamentario e identificación en alto, a favor de la reelección.

La jefa policial Aminta Granera criticó esta asistencia, pero nunca se supo de ninguna sanción. En octubre de ese año, Rodríguez fue promovida y poco después el esposo de Rodríguez Justo Pastor Urbina, fue promovido también para convertirse en director de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).

En el año 2010 uno de los hijos del presidente Ortega, se casó con una hija del comisionado mayor de la policía Francisco Díaz, uno de los ascendidos en el 2008 para reemplazar a uno de los cuadros afines a Granera.

Desde el 2008 hasta hoy se han registrado una serie de anomalías y faltas por apatía e inacción de parte de la policía nacional como cuando permitieron que militantes del FSLN agredieran a activistas de la coordinadora civil en el campo de la catedral de Managua. Una actuación evidentemente partidista se pudo ver en el desalojo del alcalde de Boaco, víctima del fraude electoral; e incontables actuaciones de contención y represión a activistas de oposición al gobierno, contrastantes con el dejar hacer a los militantes del FSLN; ejemplos de esto la libertad que se dejó a las turbas desenfrenadas del 2010 ante el Holiday Inn y represión a la marcha de la sociedad civil en abril del 2011.

¿Podría haber parado todo esto la jefa policial Aminta Granera? ¿Debería haber renunciado? Los analistas consideraban que su posición ha sido muy difícil y que ha hecho lo que ha podido, tratando de mantener viva la doctrina policial herencia de la revolución popular, en medio de un nido de seguidores leales al orteguismo. Aminta Granera terminó su período en septiembre del 2011 y fue mantenida en el cargo bajo orden presidencial, contraviniendo el reglamento interno de la policía nacional.

Desde entonces se han registrado nuevos casos de violaciones a derechos humanos y hasta complicidad en asesinatos por la policía nacional como es el caso de los campesinos asesinados en el Carrizo en el 2011. A un año de la masacre de esa familia campesina de El Carrizo, José de Jesús (Jersan) Herrera Zepeda, exsecretario político del FSLN en Cusmapa; Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Consejo Electoral Municipal (CEM), y el subcomisionado Elvin de Jesús López, exjefe de la Policía de la zona y tres agentes más de esta localidad, que fueron encontrados culpables y condenados a penas que no superan los tres años de cárcel, son mantenidos en una de las celdas preventivas policiales de la ciudad de Somoto.

También se han dado casos como el de la niña violada por policías a escasos metros de la casa presidencial, el de las denuncias múltiples en Nueva Guinea, Chinandega, Chichigalpa y el más reciente, el de una reclusa violada en una cárcel de Tipitapa por dos oficiales, en el que en una cárcel una detenida le pidió permiso a un oficial para tener sexo con otro recluso. El policía aceptó pero primero le dijo que tenía que pasar primero por él. La jefatura sólo da de baja a los oficiales involucrados, pero muy pocos están siendo procesados penalmente.

Finalmente es importante recordar un caso que guarda grandes similitudes con el ataque a #OcupaINSS: En la madrugada del 19 de Julio del 2012, los jóvenes que habían permanecido casi un mes en el llamado “campamento por la dignidad”, desde donde clamaban por la destitución de los magistrados del Poder Electoral frente al Consejo Supremo Electoral, fueron desalojados por un grupo de personas que llegaron abordo de cuatro camiones de la Alcaldía de Managua.

Según las víctimas unos 150 hombres y mujeres llegaron abordo de cuatro camiones de la Alcaldía de Managua llevando piedras, palos y morteros. El asalto fue rápido y certero, arrancando las champas y casas de campaña que habían instalado.

“Todos andaban vestidos con uniformes de la Alcaldía”, relató una de las víctimas, quien denunció que a todos ellos les quitaron sus teléfonos celulares, cámaras de video y fotográficas, una planta eléctrica y una computadora portátil.

Contaron que varios de sus agresores llegaron desde la tarde del 18 de julio y se instalaron en los alrededores de la Plaza Benito Juárez. Los asaltantes, presuntamente miembros de la Juventud Sandinista, iban ocultos en cuatro camiones de la Alcaldía, de los que saltaron cuando pasaron por las barreras que controlaban el paso vehicular y que estaban en poder de la Policía Nacional.

Una vez que el grupo llegó hasta la plazoleta en donde permanecían atrincherados unos 20 jóvenes, la emprendieron a golpes, silletazos, con garrotes, palas y otros objetos de metal. La superioridad numérica del grupo asaltante no encontró mayor resistencia entre los protestantes que salieron huyendo rumbo al barrio Jorge Dimitrov, en donde encontraron refugio en viviendas de humildes trabajadores.

Mientras interponían la denuncia en la oficinas de la Policía Nacional, en Plaza El Sol, otro grupo de trabajadores de la Alcaldía capitalina se apostaron en la plaza Benito Juárez. Estos dijeron que llegaban a hacer obras de mantenimiento pero sólo portaban machetes y piedras. Este caso aún sigue sin respuesta por parte de la policía.

Volviendo al presente, la policía nacional, el martes 25 de junio (cuatro días después del brutal ataque a los jóvenes de #OcupaINSS y ancianos de la UNAM en el plantón) emitió el siguiente comunicado:

“En vista que algunas personas y grupos interesados han estado expresando públicamente, de forma malintencionada que actualmente se encuentran personas detenidas a causa de los sucesos ocurridos en días pasados en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), aclaramos e informamos que en este momento en la Policía Nacional no se encuentra ninguna persona detenida, relacionada a tales hechos. Esta posición obedece a intereses oscuros y malintencionados que de forma perversa pretenden desacreditar y deslegitimizar la labor de la Policía Nacional de Nicaragua, presentando y manipulando a través de las redes sociales y algunos de medios de comunicación, imágenes y videos de hechos que no ocurrieron en nuestro país y que tampoco fueron realizados por nuestros agentes, lo que denunciamos y condenamos públicamente”

De esta manera la policía se adelantó a cualquier denuncia calificando de “intereses oscuros y malintencionados” cualquier testimonio o evidencia de los sucesos, que además fueron desestimados como “imagenes y videos que no ocurrieron en nuestro país” haciendo referencia a una foto que publicó el diario Hoy durante la toma del edificio del INSS en la que aparecía la imagen de una anciana herida de la cabeza como si fuera de Nicaragua pero que en realidad era de Colombia. Esa única foto errada se convirtió en la evidencia de alguna especie de complot contra la policía nacional, transformando de manera automática al resto de videos, fotos, testimonios y evidencias forenses en falsedades a priori y por ende sin necesidad de ser verificadas e investigadas. En cuanto a las detenciones ilegales la justificación tácita enarbolada por la policía fue la existencia de siete policías heridos durante los incidentes, dejando entrever que el uso de la fuerza estaba más que justificado.

En el artículo anterior concluíamos que “nuestra policía nacional logró sobrevivir a tres presidentes neoliberales que intentaron convertirla en instrumento de represión social, mecanismo de persecución política, órgano de corrupción, pero parece que será un presidente del socialismo del siglo XXI que logrará lo que ellos no pudieron. Si el presidente de la república logra destruir la legalidad de la policía al convertirla en una que actúa con parcialidad, habrá matado una de las instituciones de nuestra revolución, esta sería, definitivamente, la acción más contrarrevolucionaria posible”

Ahora, ante ese cúmulo de eventos y la evidente descomposición de la policía nacional, con una Aminta Granera decorativa que desapareció durante los días de la toma y del plantón, sólo para reaparecer después, franqueada por oficiales, seleccionando que preguntas responder y no decir una sola palabra sobre la criminal actuación de sus subordinados; no nos queda mas remedio que admitir con amargura que la policía nacional ha sido destruida como institución y que no sólo no podemos confiar en que nos proteja, sino que incluso, hemos de temerle.

Todo indica pues que el vocero de la policìa, comisionado mayor Fernando Borge, tiene toda la razón con las afirmaciones expuestas en el comunicado oficial emitido el 25 de Junio: efectivamente existen intereses oscuros y malintencionados que de forma perversa pretenden desacreditar y deslegitimizar la labor de la Policía Nacional de Nicaragua; sólo que esos intereses no vienen de un grupo de chavalos y chavalas que se desconectaron de las redes sociales para conectarse a las calles, o de supuestas maniobras de una derecha invisible a la que afanosamente buscaban descubrir los policías con sus interrogatorios y torturas. No, esos intereses vienen concretamente de una casa ubicada en el parque a un costado del parque El Carmen. De ahí vienen los intereses en convertir a esta que fue nuestra policía nacional en una policía contrarrevolucionaria.

Equipo Política Mente Incorrecto