“Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”
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De acuerdo a la versión educativa y más accesible para la población del Informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 “Abrir espacios a la seguridad ciudadana” (http://www.undp.org.ni/files/doc/1339634757_desarrollo%20humano_web.pdf) presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Centroamérica está dividida en dos subregiones, según niveles de inseguridad: por una parte la zona norte con Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, donde la tasa de homicidios es de 47.5 por ciento por cada 100 mil habitantes, y el sur con Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde es del 14.3 por ciento.
Pablo Mandeville, representante residente del PNUD en Nicaragua, explica que la seguridad ciudadana está íntimamente ligada al desarrollo humano, la misma incluye daños humanos, económicos, sociales e incluso daños políticos.
“La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida con la sociedad, no solo del Estado”, dice Mandeville. Añadiendo que se debe evolucionar de las acciones de “mano dura” y “mano blanda”, a una “mano inteligente”, que ataque las bases de la inseguridad principalmente con prevención.
El informe señala que la seguridad ciudadana está abordada desde tres ejes: el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, pero también la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones. Factores ligados a la problemática son el incremento de la migración, jóvenes en el desempleo, falta de acceso a la educación, condiciones difíciles en la vivienda, la violencia contra la niñez y la violencia intrafamiliar entre otros.
Nicaragua sigue mostrando estadísticas que la colocan como uno de los lugares más seguros de la región, sin embargo, desde el 2008 hasta hoy se han registrado una serie de anomalías y faltas por apatía e inacción de parte de la policía nacional. Ejemplos claros de esto el permitir que militantes del FSLN agredieran ese año a activistas de la coordinadora civil en el campo de la catedral de Managua. Una actuación evidentemente partidista se pudo ver en el desalojo del alcalde de Boaco, víctima del fraude electoral; e incontables actuaciones de contención y represión a activistas de oposición al gobierno, contrastantes con el dejar hacer a los militantes del FSLN; sino recordemos la libertad que se dejó a las turbas desenfrenadas del 2010 ante el Holiday Inn y represión a la marcha de la sociedad civil en abril del 2011.
El 9 de enero del año 2010 el presidente de la república Daniel Ortega Saavedra emitió un decreto que prorrogaba los cargos vencidos de 25 funcionarios públicos, violentando el artículo constitucional 138, en sus numerales 7, 8 y 9, el cual dice que corresponde a la Asamblea Nacional la elección de los funcionarios de Estado de alto rango, con votación calificada, es decir con el respaldo de al menos 56 legisladores. Ese decreto, de acuerdo al jurista Oscar Castillo “viola la Constitución y rompe el principio de legalidad y contraviene una serie de funciones y competencias señaladas en la Constitución para la Asamblea Nacional”
La situación creada por el decreto 03-2010, aún vigente y un sinnúmero de otras acciones como la reforma de presupuestos de la república (decreto 78-2008 reforma presupuesto de la república 2008) que no fue aprobada por la Asamblea Nacional, ha significado un deterioro en la gobernabilidad y transparencia institucional, eso sin mencionar el manejo secreto de las cuentas del ALBA y los incontables casos de corrupción manifiesta y vínculos con el narcotráfico del magistrado de facto Roberto Rivas y demás funcionarios del Consejo Supremo Electoral.
¿Cómo nos deja esto en materia de seguridad ciudadana?
En “Palabras mágicas” documental testimonial de la directora nicaragüense-española Mercedes Moncada, queda constancia del testimonio de pandilleros que aseguran haber sido reclutados tanto por el PLC como por el FSLN para actuar en contra de manifestaciones y grupos políticos en espacios urbanos, e incluso contar con la protección de la policía. Esto ya había sido denunciado desde el 2008 por otras fuentes (http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2008/noviembre/20/noticias/nacionales/296024.shtml)
El mismo documental teje una mirada sobre los ciclos de eterno retorno, mostrando imágenes paralelas de violencia entre la insurrección y las agresiones políticas callejeras.
Antes de que Daniel Ortega Saavedra asumiera nuevamente la presidencia de la república, la policía nacional había echo un largo y penoso recorrido para convertirse en una de las pocas instituciones sobrevivientes de la revolución. Una institución en continuo aprendizaje que había desarrollado un exitoso trabajo con las pandillas juveniles, único en centro América, con una lucha frontal contra el narcotráfico y un reconocimiento social con el que no contaban otros poderes del estado o los partidos políticos. A partir de la llegada de Ortega al poder, una serie de retiros tempranos, promociones de allegados políticos y diversas maniobras, han convertido a la policía nacional e una policía política que ha olvidado por completo lo que marca su doctrina publicada en 1997: “La organización, funcionamiento y actuación de la Policía se basa rigurosamente en la ley. Legalidad implica el apego irrestricto al marco legal existente, la defensa y promoción del Estado de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y la actuación imparcial sin distingo de raza, sexo, credo, posición política, económica o social. La legalidad está por encima de los intereses personales de grupos particulares”
Managua es ahora la ciudad de los mil ojos y las mil orejas. Sus ciudadanos están seguros, hasta cierto punto, en la medida en que sean ciudadanos pasivos, obedientes, leales al partido o meramente apáticos. Si se quiere poner un grafitti “sospechoso” cerca de un área de seguridad (casa del presidente o poder del Estado) o hacer reunión pública o manifestación en una de las rotondas, territorio de la Juventud Sandinista y sectores sindicales afines, los guardas de la empresa Goliat (ligada a las cúpulas partidarias) policías sin uniforme, miembros de la JS o UNEN o bien policías uniformados, aparecerán en motos o vehículos, filmando, tomando fotos o incluso interpelando y apresando.
El sistema “quirúrgico” de represión del gobierno Ortega-Murillo, es lo que limita que informe como el del PNUD refleje el nivel de inseguridad política que vivimos. El uso de contra marchas y contra manifestaciones para amedrentar y bloquear a grupos de oposición han servido para maquillar la represión política, haciendo ver a la policía como “contenedora de la violencia”, aunque se sabe a todas luces que no son más que formas estéticamente más viables para sabotear cualquier síntoma de inconformidad social.
Nicaragua puede seguir siendo un país seguro desde la estadísticas de homicidios, robos, incidencia de maras o presencia de narcotráfico (este último cuestionable con casos como el del Palidejo) pero lo que no podemos obviar, es que estos indicadores no miden los homicidios políticos, si lo hicieran ya estaríamos más que reprobados.
Equipo de Política Mente Incorrecto
