El gobierno de Nicaragua inició el dragado del Río San Juan en el 2010, so pretexto de recuperar la navegabilidad del río y aduciendo que no existiría ningún impacto negativo en el ecosistema de la zona. Costa Rica reclamó sobre el dragado, mencionando que impactaría negativamente los humedales, mientras ellos mismos seguían empujando el proyecto de minería abierta las crucitas en su territorio. Al final el dragado tuvo más tintes políticos que otra cosa, aunque los expertos que visitaron la zona en noviembre constataron que no había impacto ambiental para Costa Rica y que el de Nicaragua era mínimo, de acuerdo al CIRA y Humbolt.
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