¿LO QUE HASTA AHORA SABEMOS?

“WALTER-GATE” EN LA DGI ES EL MÁS FUERTE GOLPE DADO A LA TRIBUTACIÓN EN NICARAGUA

Robo súper millonario

Iván Olivares | Nacionales

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Una rigurosa investigación realizada por la Policía Nacional en abril, en poder de Confidencial, explica las principales claves en torno a la caída de Walter Porras como Director General de Ingresos, un misterio que hasta ahora se ha mantenido oculto bajo el silencio oficial.

El informe revela el involucramiento de Porras en una red enquistada en la DGI, y conectada a poderosas figuras del partido de gobierno (FSLN), como el coronel en retiro Lenín Cerna, que confabulados con algunos empresarios, causó una millonaria defraudación en perjuicio del Estado.

La investigación conducida por la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), que dirige el comisionado mayor Álvaro Herrera, y por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), bajo el mando de la también comisionada mayor Glenda Zavala, se titula “Informe de Investigación sobre la devolución de Impuestos DGI”.

Un segundo informe de Auxilio Judicial, de carácter reservado, fechado el 19 de abril, presenta los resultados de la investigación sobre la autorización de “devolución de Impuestos al Valor Agregado”.

La devolución es un mecanismo legal mediante el cual el fisco regresa a las empresas lo que han pagado de más en impuestos, o bien por los tributos pagados en la compra de bienes y servicios por los cuales gozan de exoneración fiscal.

Mediante la disposición administrativa 01-2010 emitida en abril de 2010, Walter Porras estableció que a las empresas se les podía desembolsar hasta el 50% de sus saldos a favor solamente sin revisión previa. El otro 50% se regresaría luego de una revisión rigurosa por parte de la Dirección de Fiscalización.

Así se comenzó a tejer una trama de extorsión en la que las empresas recibían parte de su devolución de impuestos, a cambio de una intrincada negociación en la que se lucraba una selectiva lista de gestores.

Según datos oficiales publicados en el semanario Confidencial el pasado 17 de abril, las devoluciones de impuestos se duplicaron entre 2009 y 2010, pasando de C$492 millones a C$1,006 millones el año pasado. En los primeros tres meses y medio de 2011, según el informe policial, la DGI ya llevaba devueltos un poco más de C$478 millones. El documento resalta que “la discrecionalidad absoluta con que actuó el Director General de Ingresos, Walter Porras, para autorizar las devoluciones de impuestos sin la debida revisión”, creó las condiciones propicias para que se desarrollara una red de intermediarios “para negociar directamente con los contribuyentes y obtener un lucro personal”.

“Un porcentaje para Lenín”

Se trata de una red directamente vinculada al propio Director de Ingresos, Walter Porras, con la participación de media docena de funcionarios y de altos personeros del FSLN, como el coronel en retiro Lenín Cerna, Secretario de Organización del FSLN, que se confabularon para extraer sumas millonarias en concepto de reembolso de impuestos, obteniendo jugosas comisiones que iban desde el 2 hasta el 60%.

Una de las figuras principales en la red de gestores de Porras era Judith Reyes Balmaceda, quien asegura que trabaja de cerca “con el coronel Lenín Cerna, mi jefe”. En el informe realizado por la Dirección de Auxilio Judicial, Reyes brinda la siguiente declaración: “...las comisiones que obtenía por cada devolución que tramitaba a las empresas que dirigía el señor José Luis Hernández, eran del conocimiento del coronel Lenín Cerna, porque cada que yo iba a gestionar alguna devolución yo le informaba, y él me decía que la hiciera sin problema alguno. Incluso, de la comisión que yo obtenía, le entregaba un determinado porcentaje al coronel Lenín Cerna, pero era para logística”.

Reyes Balmaceda estuvo a 20 minutos de ganarse una comisión de C$750,000, pero su suerte terminó el pasado 12 de abril, cuando agentes policiales capturaron a los integrantes de una banda que en complicidad con el ex director Porras, extrajo más de C$80 millones de las arcas del Estado, tan solo en 2011.

Al tener las pruebas materiales del ilícito, la Policía llamó a declarar a 11 funcionarios de la DGI y del Ministerio de Hacienda, junto a seis ‘gestores’, entre los que destaca la mencionada señora Reyes.

El Informe de Resultados de la investigación policial, muestra que Reyes llegó a ser una de las piezas claves de todo el engranaje, por el que recibió comisiones, de las que “la más alta anduvo por unos C$400,000, y la menos anduvo por unos C$12,000, y en algunos casos no me pagaban, y en el último caso de más de C$15 millones que se iban a gestionar, me iban a dar el 5%, equivalente a un poco más de C$700,000, pero no los recibí”, lamenta.

“Para la campaña

del partido”

Ese “último caso” fue la pieza que permitió a la Policía Nacional reunir las pruebas necesarias para desarticular a la banda, capturando en el acto a tres de ellos, (incluyendo a un menor de edad que fue liberado por esa razón), mientras trataban de hacer efectivo un cheque por C$15,183,789.91 a favor de Construnic, Sociedad Anónima, propiedad del empresario Manuel Salvador Treminio Zeledón.

Según las declaraciones de este último a la Policía, a finales de marzo pasado, Erick Chavarría, dueño de la Empresa Creaciones Publicitarias S.A., llegó a visitarlo a su casa de habitación, para hablar con él sobre “una orientación expresa del Presidente de la República”, que le permitiera al partido obtener dinero para financiar la campaña electoral.

Para lograrlo, la DGI acreditaría C$20 millones a nombre de Construnicsa, en concepto de devolución de impuestos (IVA), “con el objeto que posteriormente se nos retribuiría a través de un cheque fiscal, del cual el partido tomaría un 60%”, mientras que el 40% restante, o sea, algo más de C$8 millones, “quedaría para la empresa”. Treminio aceptó participar del ilícito sin protestar.

C$2 millones por hoja

Solicitar a la Dirección General de Ingresos la devolución de impuestos, es un procedimiento normal, amparado en el Decreto 46-2003 y en la Disposición Administrativa Interna No. 001/2010, que permiten hacer esa petición, y norman cómo proceder al respecto.

Pero desde hace un par de años, la Policía Nacional había recibido pistas que aseguraban que dentro de la oficina de recaudación de impuestos estaban ocurriendo ilícitos, al devolverse impuestos sin justificación, o al cobrar coimas a quienes sí tenían derecho a reclamarlos.

El incremento desmesurado de las devoluciones en 2010, llevó a la Policía a buscar más información, hasta que su esfuerzo comenzó a dar frutos de forma inesperada el 4 de abril, después que Erick Chavarría, dueño de Creaciones Publicitarias S.A. llegara a visitar de nuevo a Manuel Treminio, dueño de Construnic, como lo muestran varias de las declaraciones ante la DAJ.

Si la primera cita entre Chavarría y Treminio ocurrió un domingo, en casa del empresario del sector de la construcción, esta nueva reunión tuvo lugar en su oficina, hasta donde Chavarría le llevó los papeles con los que debería proceder a reclamar los C$20 millones.

Todo un golpe de suerte por su lealtad al FSLN, que él rubricó entregando varios documentos de su empresa, entre ellos, copia del acta de constitución, del número RUC, del Poder Generalísimo, más las declaraciones correspondientes al mes de marzo, y cuatro hojas en blanco con el membrete de la empresa, debidamente selladas y firmadas.

Al regresar Chavarría con la documentación falsa, el constructor Treminio se encontró con una declaración elaborada por un contador, en la que se había acreditado a favor de su empresa ya no C$20 millones, sino que un poco más de C$30 millones en IVA, asegurándole que todo era legal, porque “todo lo que se estaba haciendo era por orientación expresa del Comandante”, refiere Treminio en su declaración policial.

Una alegría de C$6 millones

Los documentos oficiales permiten reconstruir que cuando Erick Chavarría salió de la casa de Manuel Treminio el domingo 27 de marzo, con la información que le había indicado su cómplice, el contador William Guerrero Pavón, la idea era solicitar C$20 millones, a sabiendas de que serían entregados en tres momentos, con una primera entrega del 50%.

Al volver a reunirse, el lunes 4 de abril, Chavarría le dijo que como su empresa era “fuerte” en comparación con otras de menor tamaño, a las que se les habían asignado grandes sumas de dinero, a él se le adjudicaría más, hasta superar la barrera de los C$30 millones.

Uno o dos días después, Chavarría llegó con los papeles listos, en particular, la carta de autorización No. DDT/EFA/01024/2011, emitida el primero de abril de 2011, o sea, apenas cuatro días hábiles después de recibida la solicitud, en la que se le autorizaba un primer desembolso de C$ 9,110,273.95.

Sin embargo, la cifra solicitada se quedaba corta ante los requerimientos del grupo, por lo que Walter Porras, que “estaba de buen humor” cuando recibió la solicitud de devolución de impuestos, autorizó “un monto mayor”, que al final quedó en C$15,183,789.91, tal como lo confesó el propio contador Guerrero, cuando fue citado a declarar a la Policía Nacional.

En efecto, Porras había autorizado inicialmente la devolución del 30% de los C$30 millones aprobados, pero ante el reclamo del gestor José Luis Hernández, Judith Reyes Balmaceda, la ‘gestora’ proveniente del despacho del coronel Cerna, pide al Director de Ingresos que les eleve el monto.

“Al siguiente día fui nuevamente (a la DGI), porque no me habían entregado la carta firmada de devolución, y hablé con Walter Porras y le dije que por qué no autorizaba el 50%, y él se fue donde Daniela Rodríguez (jefa del Departamento de Devoluciones de la DGI) y autorizó al reverso el 50%, ya que la carta no la habían elaborado”, confiesa Judith Reyes ante los uniformados.

“Alistá una maleta donde quepan C$15 millones”

Los documentos policiales muestran la seguridad y la avaricia con que operaba el grupo. La declaración del constructor Treminio refiere que el jueves 7 de abril, Chavarría volvió a llamarlo para confirmarle que el cheque estaba listo, pero le faltaba una firma, por lo que el retiro se haría el martes 12, recomendándole que consiguiera una maleta en donde alcanzaran quince millones de córdobas, o sea, 30,000 billetes de a C$500.

Lo que el grupo no sabía es que cuando Erick Chavarría se reunió por segunda vez con el constructor Treminio para darle las cartas impresas en las hojas membretadas que él le había entregado, ahora por un monto de más de C$30 millones, éste observó irregularidades, “como el sello y la firma, que no parecían originales, sino escaneados”.

Los falsificadores justificaron la petición de los C$30 millones con la supuesta contratación de equipos, maquinarias y transportes al Ministerio de Educación, donde casualmente su hermano, José Treminio Zeledón, funge como viceministro, por lo que decidió hacerle la consulta.

Treminio declaró ante la autoridad policial que llamó a su hermano, el viceministro, quien a su vez llamó a Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua, y éste a la Presidencia de la República, donde se les indicó ponerse en contacto con la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), cuyos agentes le explicaron que todo era una farsa, y que se le venía dando seguimiento a la banda “desde hace dos años y medio”.

Gracias a la colaboración del constructor Treminio --que pasó de coludirse con el grupo, a ser informante de la Policía-- los agentes esperaron a que les entregaran el cheque en el Ministerio de Hacienda, y procedieron a detenerlos en el parqueo del Banco Central, hasta donde habían llegado para hacer la transacción de sus vidas.

A pesar de la voracidad del gestor Chavarría y de su grupo cercano, su esquema no funcionaba sin dos tipos de cooperadores necesarios: los gestores y los funcionarios. Aunque los primeros trabajaban desde afuera y los segundos desde adentro de la DGI, ambos grupos tenían dos cosas en común: el desmedido apetito por el dinero, y el ‘padrinazgo’, como mínimo, de Walter Porras.

Preguntas sin respuesta

Confidencial solicitó entrevistas con los directores de la DIE y la DAJ, para esclarecer algunos cabos sueltos que se desprenden del Informe. Pero no obtuvimos ninguna respuesta. Ni siquiera el vocero de la policía, comisionado Juan Báez, aceptó brindar información

Las preguntas obligadas son las siguientes:

-- ¿Por qué en el organigrama elaborado en el informe policial hay dos casillas en blanco, con un signo de interrogación, encima de la cabeza Walter Porras?

-- ¿Quiénes son estos poderosos personajes que protegían al ex Director General de Ingresos?

-- La lista de devoluciones a empresas que aparecen en el Informe Policial, ¿es una muestra parcial? ¿Es representativa del universo de grandes empresas?

-- ¿Detectó la Policía casos de extorsión a empresas a las cuales se les negaron las devoluciones correspondientes, a cambio de que se asociaran a la red dirigida por Porras?

Se cierra el círculo DGI-Gestores

Desde la oficina de Porras intentaban darle un aire de legalidad

Las declaraciones de los indiciados, así como las conclusiones de los investigadores de la DIE, permiten vislumbrar cómo ambas redes se mezclaban, relacionaban y coordinaban para obtener el máximo beneficio, tratando de conferir un aire de legalidad a sus operaciones.

Los informes detallan que dentro de la DGI el grupo estaba liderado por el Director, Walter Porras, e integrado por Daniela Rodríguez Callejas, que fungía como jefa del Departamento de Devoluciones de la DGI, y era parte del grupo de caraceños que le acompañó en su administración.

Junto a ella estaba también su subordinado directo, el analista y supervisor Pablo Pérez López, que le ayudaba a hacer el “trabajo sucio” que les encomendaba Porras, los que pasaban las cartas de autorización de cheques de devoluciones del IVA a manos de la Directora Jurídica Tributaria, Dora Fiallos Alfaro, que las firmaba.

Confidencial solicitó una entrevista con Daniela Rodríguez. Inicialmente, indicó que estaba dispuesta a hacerlo, pues no tiene ninguna responsabilidad en lo que se le investiga. Pero a última hora declinó y canceló la cita.

Las confesiones de unos y de otros muestran que el grupo estaba en sintonía con el de los gestores, que encabezaban José Luis Hernández y Judith Reyes Balmaceda, quienes se conocieron en 2009 gracias a Yamil Avilés Pérez, administrador de rentas de Sajonia, y que sería pieza clave para introducirlos al círculo creado por Walter Porras.

El recaudador Avilés dijo que conoció a José Luis Hernández en 1997, cuando llevaron juntos un posgrado de formación en auditoría, pero, además, porque ambos trabajaron en la DGI a finales de los años 90 del siglo pasado.

Algún tiempo después, Avilés conoció a Judith Reyes, quien llegó a solicitarle trabajo, “ya que es la compañera de un amigo” suyo, de nombre Óscar Dávila, con lo que el círculo estaba completo.

Aunque el administrador Avilés ocupa poco espacio en las declaraciones de los indiciados ante la DIE, estos señalan una y otra vez la fama que el funcionario se ha labrado a lo interno de la DGI, donde muchos de los trabajadores han escuchado decir de él que “es corrupto”, o que “acepta dinero por cualquier trámite”.

En su declaración, el propio Avilés concede visos de veracidad a esas afirmaciones, cuando admite que aceptó cinco ‘premios’ de diez mil a veinte mil córdobas cada uno, “por la gestión de agilización de emisión de cheques del Minsa”, los que habían sido emitidos para pagar facturas de la Distribuidora César Guerrero, S.A. (Dicegsa).

Gestores con conexiones “de arriba”

“Soy activista sandinista y danielista hasta la muerte”, dice subordinada de Lenín Cerna

Iván Olivares / Confidencial

La amistad de José Luis Hernández con Judith Reyes Balmaceda, y el hecho de que él estuviera conectado con Yamil Avilés, Director de Rentas de Sajonia (y por tanto, con Walter Porras), y que ella fuera un elemento que orbita alrededor del coronel Lenín Cerna, Secretario de Organización del FSLN, le costó mucho dinero al Tesoro público.

Al presentar sus declaraciones ante los oficiales de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional, los indagados recuerdan cómo les fue presentada la señora Reyes, y describen cuánto poder llegó a tener dentro de las oficinas de la DGI.

Uno de ellos es la ex jefa del Departamento de Devoluciones y Exoneraciones de la DGI, Daniela Rodríguez, que conoció a Judith Reyes el año pasado, cuando se la presentó el director Porras en su despacho.

Ante los uniformados, Rodríguez recordó que Porras le dijo que Judith era “enviada de la Secretaría del Frente Sandinista y que trabajaba directamente con Lenín Cerna”.

Contactada telefónicamente, Judith Reyes aseguró ser “activista sandinista y danielista hasta la muerte”, y conocer “a ese señor (Lenín Cerna, al que una y otra vez en sus declaraciones ante la Policía llama ‘mi jefe’), como lo conoce todo el mundo”.

Como muestra de la importancia de Reyes, Daniela Rodríguez declaró que el día que Walter Porras se la presentó “me orientó que atendiera de inmediato cualquiera de las solicitudes que ella presentara, siempre y cuando él las autorizara.

Judith Reyes empezó a realizar trámites como gestora, sin ningún poder de representación, porque fue autorizada de forma verbal por el ex Director de Ingresos, Walter Porras”.

Añade que “todos los días la señora Judith Reyes llegaba a realizar trámites de devolución de impuestos. Ella llegaba con la solicitud con la autorización de Walter Porras, y en menos de una hora o dos horas se revisaban superficialmente los documentos, y se elaboraba la carta de autorización a firma de la Directora Jurídica, y ella la remitía firmada y se le entregaba una copia de la misma”.

Rodríguez recuerda que “Judith Reyes decía que los casos de trámites de contribuyentes se presentaban a la oficina de su jefe, Lenín Cerna; le entregaban los documentos a su jefe, y este se los entregaba a ella (a Judith) para que hiciera las gestiones, porque esos contribuyentes apoyaban al partido FSLN”.

Los empresarios “sandinistas”

Esa declaración concuerda plenamente con lo ocurrido con Construnicsa, en donde Manuel Salvador Treminio confiesa ante los agentes que lo interrogaron, haber participado del esquema delictivo en el que se ganaría C$8 millones, pensando que con eso le estaba ayudando a su partido a ganarse los otros C$12 millones.

Pablo Pérez López, jefe administrativo del Departamento de Devoluciones, y como tal, subordinado de Daniela Rodríguez, dice en su declaración que: “A esta señora, Judith Reyes, la conocí a finales de 2010, por medio del ex Director General de Ingresos, Walter Porras Amador, que la llevó a presentar al Departamento de Devoluciones, y nos dijo que ‘esta compañera es de la Secretaría (del FSLN), y hay que atenderla rápido de todos los casos que lleve”.

El poder que llegó a desarrollar Reyes dentro de la DGI fue tanto, que “cuando le pedíamos documentos contables, ella nos decía que le explicáramos a su jefe, y nos comunicaba por celular al supuesto jefe, que yo no sabía quién era, pero ella decía que su jefe era Lenín Cerna”, añade Pérez.

La misma gestora Reyes admite en su declaración que para acelerar los trámites, “llamaban del despacho del coronel Lenín Cerna al director Walter Porras, y le decían que iba a llegar con unos casos”, con lo que lograba que el mismo Walter Porras la atendiera “personalmente”.

Pérez agregó que “si la Directora Jurídica Tributaria no le firmaba rápido una carta de desembolso de los casos que gestionaba la señora Reyes, ella se iba directamente a la Dirección Jurídica a conseguir la firma y lo lograba. Ella decía que si la Directora Jurídica no quería firmar la carta, se iba directamente donde don Walter Porras”.

En otras ocasiones, Cerna Juárez enviaba al ex comisionado mayor Carlos Bendaña a hablar con Porras para agilizar devoluciones. Bendaña fue jefe de Investigaciones Económicas y de la Policía de Managua, y pasó a retiro cuando Aminta Granera asumió la jefatura policial. Según las declaraciones de Reyes Balmaceda, el ex comisionado trabaja directamente con el coronel Cerna.

Otro de la “Secretaría”

El otro gran gestor que destaca por su papel en la trama es José Luis Hernández, que fue quien le propuso a Judith Reyes que “trabajara con él en devoluciones de IVA y de IR, que él tenía varias empresas”, entre las cuales citó Consovipe, Creaciones Publicitarias, Improdesa, Construnicsa, Sellos Rally, Ebenezer y Fenicsa”, entre otras, según lo declaró a la DIE.

La lista es más extensa. Reyes asegura que Hernández contaba con el beneplácito absoluto de Daniela Rodríguez, que “nunca rechazó… los casos de José Luis Hernández”, el que también se comunicaba con Pablo Pérez, el subordinado de Daniela, al que Hernández aseguraba que le daba el 2% del monto de las devoluciones, porque era de su confianza.

El gestor también es señalado por su colega, Judith Reyes, por otros casos, como el de un comerciante al que ayudaron a conseguir una solvencia para importar, por lo que se ganaron una comisión de U$20,000, que se repartieron entre varios gestores.

El importador se sintió tan agradecido, que regaló dos TV de plasma a sus benefactores, incluyendo “uno pequeño”, a la señora Reyes.

Hernández también se menciona como el gestor encargado de tratar de que la DGI autorizara una devolución de impuestos a favor de Dicegsa, mayor que la que le había sido aprobada. Al final, gracias a sus gestiones, logró que el 20% inicial saltara hasta convertirse en un 50% de devolución, siempre según el informe policial.

En la red de gestores participaba también León Jirón Marín, ex funcionario de la DGI en la época de Byron Jerez, en el gobierno de Arnoldo Alemán, y ahora socio de José Luis Hernández, y miembro del equipo de trabajo que dependía del coronel Cerna, como lo declarara la Sra. Reyes ante los investigadores policiales, aunque Cerna le recomendaba a ella tener cuidado con Jirón, porque “ese hombre era liberal”.