MAYORÍA FSLN DICTAMINARÁ SOBRE “VIOLENCIA MEDIÁTICA”
SIP alerta sobre represión a periodistas y medios en Nicaragua
* “… es una censura burda, promueve la autocensura…”, escribe la SIP
* Mayoría en Comisión de Justicia es del FSLN por lo que los liberales estarían pensando en un dictamen de minoría
Ramón H. Potosme y Leyla Jarquín | Política END 10 Febreo 2011
Diputado José Pallais
Diputado José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia. Lisandro Roque / END
La Sociedad Interamericana de Prensa SIP descalificó la iniciativa de ley integral contra la violencia hacia las mujeres que presentó la Corte Suprema de Justicia, donde se establece el delito de “violencia mediática”. Según la organización la medida es una censura burda, promueve la autocensura y es una “grave represión a periodistas y medios de comunicación”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, consideró que con la protección de las mujeres se busca cómo culpar a los medios de la violencia para evitar que las funcionarias públicas sean objetos de crítica y sátira, es decir, restringir la libertad de prensa.
Autocensura para comenzar
Según Rivard, las multas y sanciones generarán autocensura y un contexto de represión grave a la labor de los periodistas y los medios de comunicación. “Esta nueva figura de la ‘violencia mediática’ debe ser analizada desde la perspectiva de la libertad de prensa y no de los crímenes de género”, dijo el funcionario.
Diputados oficialistas dominan Comisión de Justicia
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional fusionará dos iniciativas de Ley en contra de la violencia hacia las mujeres y hará un solo dictamen. Dicha comisión, aún cuando es presidida por el liberal José Pallais, es controlada por mayoría de diputados del FSLN de siete a seis.
Según Pallais, si los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN quieren promover un artículo que trate de restringir la libertad de expresión, ellos harán un dictamen de minoría para que sea el plenario el que decida sobre el tema.
Pallais está en desacuerdo con las declaraciones de la presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrada Alba Luz Ramos, quien aseguró que no se trata de restringir la libertad de prensa. El legislador considera que en una sociedad polarizada como la de Nicaragua, lo ideal es que el Estado no interfiera. Tal disposición, fue establecida también en el Código Penal, según Pallais, un instrumento que promueve la democracia.
Regulación debe ser la ética periodística
“Estoy en total desacuerdo. Eso debe ser un asunto meramente ético de los periodistas y de los medios de cómo manejar los casos, pero no se puede penalizar porque estaríamos dejándolo a criterios judiciales e interpretaciones que pueden ser utilizadas para limitar ese derecho fundamental. Lo que debemos esperar es que los medios actúen con responsabilidad. El Estado no puede ni debe entrar a regular esta materia”, dijo Pallais.
Pallais aseguró que las disposiciones penales bien pueden ser incorporadas mediante una reforma al Código Procesal Penal, tal como lo sugirió el diputado independiente, Salvador Talavera. Pero él considera que debe ser mediante una ley especial, pues incluye competencias no penales como; la protección a las víctimas, la participación del Estado, la Comisaría de la Mujer, el Ministerio Público, el Ministerio de la Familia y el Instituto de la Mujer.
Mario Valle no ve restricciones a libertad de prensa
El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación, diputado Mario Valle, no cree que la iniciativa coarte la libertad de expresión de los medios de comunicación, sin embargo, dijo que el hecho que este derecho sea “irrestricto” no significa que se puede violentar la integridad y derechos de las mujeres.
Valle incluso señaló que la iniciativa “se quedó corta” porque debería cubrir a todos los miembros de una familia.
Las dos iniciativas de ley, una introducida por el movimiento de mujeres María Elena Cuadra y otra por la Corte Suprema de Justicia serán dictaminadas por la Comisión de Justicia en coordinación con la Comisión de la Mujer Niñez y Familia del Parlamento.
El día de la presentación del proyecto de ley, la funcionaria que habló de violencia mediática, fue Ana Julio Guido, precisamente quien se ha "destacado" por perseguir al movimiento de mujeres y a líderes del mismo. Ella ejecutaba las acciones que la señora Murillo le ordenaba y tenemos todo el registro de las ilegalidades y el retorcimiento que le dieron a los procedimientos legales, cuando nos investigaron al Movimiento Autónomo de Mujeres y a CINCO.
ResponderEliminarLos registros financieros según los derechos individuales contenidos en la Constitución, se entregan cuando es indispensable esclarecer asuntos sometidos a los Tribunales de Justicia.
Cuando nosotras nos negamos a entregarlos, porque no estábamos siendo sometidas a ningún proceso, ella desde su cargo nos injurió y pretendió hacer ver nuestro alegato de respeto a nuestros derechos fundamentales, como una acción indebida.
Cuando Sofía en uso de sus derechos también hizo un alegato reclamando el respeto a sus derechos constitucionales, la susodicha funcionaria, igualmente arremetió en contra de ella, injuriándola.
Ana Julio Guido dijo cuando se presentó el proyecto de ley, que no era educativo como se trataba a las mujeres en los medios de comunicación. Pero parece que sí le resulta educativo que tengamos como presidente a una persona acusada de violación, que primero alegó que era inmune y luego que el delito había prescrito.
El editorial de La Prensa del día de hoy termina diciendo que si al partido de gobierno le interesa la dignidad de la mujer, no tendríamos de presidente a Ortega y no lo estarían promoviendo para su reelección.