miércoles, 5 de enero de 2011

2011 UNIDAD POR EL BIEN COMUN


El año de Daniel Ortega
30 de Diciembre de 2010 | Adolfo Pastrán Arancibia
EXTRACTOS TOMADOS DEL 19 DIGITAL

Este será sin duda el año de mayores avances políticos para el Frente Sandinista, que cierra la década asentado nuevamente en el poder y con grandes perspectivas para que su líder, el Presidente Daniel Ortega continúe en el ejercicio del cargo más allá del 2012.

La oposición intentó frenar el ímpetu del gobierno sandinista desde la Asamblea Nacional, al pretender no elegir a 25 altos cargos en el estado para obligar a Ortega a un cambio radical en los poderes del estado y provocar una crisis de ingobernabilidad que lo desgastara, pero los sandinistas madrugaron a la oposición el 10 de Enero cuando el mandatario emitió el Decreto Presidencial 3-2010 en los que alegaba que debía preservar esa gobernabilidad y prorrogó en sus cargos indefinidamente a todos aquellos a quienes se les vencería el periodo de cinco años.

La oposición fracasó en todos los intentos por anular ese decreto, porque nunca pudo lograr los 47 votos que dijo tener para controlar el quórum del Parlamento. Ya antes, en el 2008, tampoco pudo aprobar una ley para declarar nulas las elecciones municipales que declararon como fraudulentas.

Los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) fueron el mejor caballo de Troya a favor del FSLN, aunque a medio año gracias a una resolución del Consejo Supremo Electoral se restituyó la personería jurídica del Partido Conservador volviendo a la vida la diputación de Alejandro Bolaños Davis.

La Corte Suprema de Justicia resolvió otorgar la diputación constitucional suplente del ex presidente Enrique Bolaños, al ex vicepresidente y entonces diputado ante el Parlamento Centroamericano, Alfredo Gómez Urcuyo, con lo que el FSLN desarmó a sus adversarios y logró controlar el quórum al margen de las bancadas del PLC, MVE-PLI y el MRS.

Con esta movida, la oposición perdió en el resto del periodo cualquier posibilidad de retomar el quórum, ya que la ALN, en la mesa legislativa y en el plenario, siempre hizo mayoría con el FSLN, igual que otros diputados independientes, mientras que los liberales, el PLC y el MVE se enfrascaron en acusaciones mutuas y en estériles negociaciones por la unidad de esa corriente política.

Las resoluciones del CSE y de la Corte Suprema de Justicia nunca fueron recurridas por nadie y quedaron legales y firmes.

Luego de varios meses de estira y encoge, de negociaciones y acusaciones, los liberales perdieron el status quo en la CSJ que les permitía el control de la presidencia y Manuel Martínez dejó de ser Presidente de la CSJ, cargo que asumió la vocal, Alba Luz Ramos. Fueron desplazados por los conjueces que emitieron sentencias y resoluciones a granel. Pero estas sentencias tampoco fueron recurridas por nadie y quedaron firmes.

Al final los liberales aceptaron volver a la CSJ y reconocer como magistrados vigentes a Rafael Solís y Armengol Cuadra.

Después de varios meses de retiro y de prometer que no acatarían el Decreto 3-2010 y el párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución, los liberales volvieron a la CSJ, al CSE y la Contraloría, reconociendo como válido y legitimo el decreto emitido por el Presidente Ortega y admitiendo que la Constitución Política es la de 1987 con sus reformas, pero sin tocar el párrafo segundo del artículo 201 referido, y todo lo actuado quedó admitido.

En otras palabras, la oposición se quedó en la denuncia y en el discurso y al final aceptaron los hechos.

En el ínterin de la crisis, por un recurso de amparo interpuesto por el Presidente Ortega y los alcaldes sandinistas contra el artículo 147 de la Constitución Política que prohíbe la reelección presidencial continua e indefinida, el Tribunal de Apelaciones de Managua los amparó y mandó el caso a manos de la Sala de lo Constitucional de la Suprema que integrada por los sandinistas, resolvió declarar inaplicable dicho artículo constitucional y automáticamente el CSE acogió dicha resolución y allanó el camino para permitir que Ortega se presente como candidato presidencial a la reelección en los comicios generales del 6 de Noviembre del 2011.

Ninguna de estas resoluciones, pudiendo haberlo hecho en tiempo y forma, jamás fue recurrida por nadie, pese a que la dirigencia de la oposición denunció nacional e internacionalmente esto como un severo golpe de Estado a la Constitución y de que se estaba instaurando una dictadura en el país. Pero pasados los 30 días de ley nadie recurrió y estas sentencias quedaron firmes.

Igual ocurrió en la Asamblea Nacional, en donde el Presidente René Núñez mandó a publicar al diario oficial La Gaceta la Constitución Política y todas sus reformas, incluyendo el párrafo segundo del artículo 201. La oposición intentó mediante una iniciativa de ley anular esa publicación y mantener que dicho artículo no existe y no podía aplicarse para mantener en el cargo a los 25 funcionarios del estado, pero tampoco pudo lograrse.

Y pudiendo recurrir ante los tribunales contra esa disposición, tampoco lo hicieron y quedó firme como única, la Constitución Política de 1987 con sus reformas, incluyendo el párrafo y artículo polémico.

Si bien a lo largo del año el Frente Sandinista no pudo reunir los 56 votos para reformar la Constitución y restablecer vía enmienda la reelección presidencial continua, el Presidente Ortega sí pudo maniobrar desde el Poder Judicial y el Poder Electoral para lanzarse a la reelección en el 2011, ante una oposición dividida y fragmentada.

Estos comicios serán organizados por los mismos magistrados del CSE que la oposición aseguró no reconocería y que no iría a las elecciones con ellos como árbitros. En Noviembre, 18 partidos se registraron ante este CSE para ir a las elecciones y aceptaron el calendario electoral que esos magistrados, a los que llaman usurpadores, espurios y de facto, emitieron y se sometieron a las reglas del juego.

El FSLN cierra una década más consolidado en el poder. En el año 2000 solamente un 18% de los nicaragüenses se inclinaban por el Frente Sandinista, ahora tiene un 42,7% a favor. Para entonces, cuando Ortega se enfrentaría al candidato liberal Enrique Bolaños, apenas tenía un piso electoral o de intención de voto del 18%, hoy es del 38%.

Al finalizar el año, lejos de estar desgastado por el ejercicio del poder, de las acusaciones de gobernar de forma dictatorial, autoritaria y pasando por encima de la Constitución y la ley, Ortega termina más fortalecido, a juzgar por las encuestas de Borge & Asociados; CID Gallup y M&R Consultores, con mayor respaldo de la población, con mejores percepciones de mejoría económica y con posibilidades de arrasar en las próximas elecciones.

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