25 de febrero del 2011
CUATRO DE LOS CINCOS CONTRALORES DE FACTO VOTARON POR NO INVESTIGAR GIGANTESCO FRAUDE EN CSE
¡Descarados!
LUIS GALEANO Y RAMON H. POTOSME | Nacionales
Mientras diversos sectores, demandaban una investigación profunda a Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República, sobre el gigantesco fraude de C$ 407 millones del Consejo Supremo Electoral, CSE, que ha revelado un trabajo investigativo de EL NUEVO DIARIO, ayer cuatro de los cinco contralores de facto, arrollaron al presidente de esa institución, al votar todos contra su propuesta de realizar una nueva auditoría en las cuentas del Poder Electoral.
“Mis colegas se impusieron cuatro votos contra uno, yo sé que esto va a tener un alto costo ante la sociedad, pero fue mi voto contra los cuatro de ellos, hice lo que podía y es caso cerrado”, dijo Argüello vía telefónica.
Sin credibilidad
“Yo me siento impotente frente a esta situación y hasta me pregunto qué hacer, porque hemos logrado aguantar que nos llamen de facto, inconstitucionales, ilegales y todo lo demás, por obedecer el decreto y quedarnos en el cargo, pero esto es más difícil, porque nos estamos negando a actuar en lo que nos corresponde y nos deja sin credibilidad, estoy claro de eso”, concluyó.
Minutos antes que se conociera la decisión de los colegiados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a través de un comunicado, emitió su posición sobre las graves anomalías denunciadas con evidencias por EL NUEVO DIARIO y exigió una investigación a fondo.
Indicó que “ante las graves denuncias de manejos irregulares de los recursos financieros del Consejo Supremo Electoral entre los años 2004 y 2008, por la suma de más de 20 millones de dólares, y su responsabilidad con la nación de actuar como vocero y representante del sector empresarial organizado en Cosep en todos los asuntos que sean declarados de interés general”, y en correspondencia con la Agenda Cosep 2010, cuyos términos son ampliamente conocidos demandan:
“Se proceda a lo inmediato conforme las facultades constitucionales y legales que tienen atribuida la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría General de la República, a una investigación completa de los actos denunciados por EL NUEVO DIARIO en relación a ‘fraudulentas operaciones’ en el Consejo Supremo Electoral; que permita que los funcionarios y personas que resulten culpables sean debidamente enjuiciados y sancionados conforme lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico”, indica el comunicado.
Doña Miriam pide investigar
Antes de conocerse la decisión de los colegiados de la CGR, la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, la diputada aliada del Frente Sandinista, Miriam Argüello, consideraba que la CGR debe iniciar una investigación a fondo ante las denuncias que ha publicado este medio.
“Entiendo que como toda investigación se presentan pruebas. Entiendo también que en este caso corresponde a la CGR ir a fondo en esta situación. Hoy (ayer) leía que habían sido sorprendidos por documentos falsos. Bueno, pero ellos están obligados a hacer una nueva revisión e investigación”, dijo Argüello.
La legisladora consideró que desde su comisión no se puede hacer mucho, pues para una investigación de la envergadura de las denuncias contra funcionarios del CSE se requiere de una logística de auditores que ellos no poseen. En ese sentido, señala que la CGR es la llamada a hacerlo a profundidad. Arguello señaló que aún cuando ya había sido revisado y dado que está nuevamente en manos de la CGR, ellos deben volver a investigar y expresar su equivocación.
La diputada informó que su comisión ya dictaminó el Código de Ética de la Función Pública, donde, además de valores que debe poseer un funcionario, se establecen los procedimientos y sanciones para su destitución, es decir, también incluyen a magistrados de todos los poderes del Estado.
Argüello no encuentra relación de ese Código con el caso, pues señala que tanto Rivas como los demás magistrados están en una situación de hecho, al tener vencidos sus períodos constitucionales. La diputada considera que el Código de Ética no podrá aplicarse a “funcionarios que ya no son funcionarios”.
“Con la nueva Ley Orgánica le dimos no sólo cinco, sino 10 años en la prescripción para investigar a un funcionario. Nosotros lo que establecimos en el Código son causales para suspensión y destitución de funcionarios públicos”, explicó Argüello, quien aseguró que ella no votaría por la reelección de Rivas, pues considera que ha fallado en su función. Expresó que toda su vida ha luchado en contra de la corrupción y está en desacuerdo con el abuso del dinero del pueblo.
Los cómplices de Rivas
Los que votaron en contra de la propuesta de auditar nuevamente el CSE, fueron los colegiados orteguistas, Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciaq, y los liberales arnoldistas, Fulvio Palma y Lino Hernández.
La decisión la tomaron un día después de que el mismo Argüello Poessy, en compañía del director General de Auditorías, Marvin Vílchez, confirmara que el CSE los engañó cuando presentó facturas falsas para soportar anticipos a justificar, que salían a nombre de Mauricio Fernández Mayorga, el director Financiero, y otros personajes cercanos a Rivas, y cuyo uso era discrecional.
La investigación de EL NUEVO DIARIO ha logrado demostrar las fraudulentas operaciones que se realizaron en el CSE, para justificar 407 millones de córdobas extraídos del erario por órdenes del magistrado Roberto Rivas Reyes, y bajo la modalidad “anticipos por justificar”. Las operaciones se soportaron con facturas falsas.
Argüello Poessy se excusó por no poder hacer más, “porque estoy consciente de que la investigación de ustedes nos ha dicho cosas que nosotros desconocíamos, nos ha dado elementos para revisar toda actuación, pero uno contra cuatro es imposible”.
Pura retórica de Lino Hernández
El colegiado de facto, Lino Hernández, dijo a END que decidió votar en contra de que se realice la nueva auditoría en el CSE “porque existe un contexto político caldeado, y no quiero que la Contraloría se entrometa en asuntos políticos, porque su trabajo es eminentemente técnico”.
“Por eso es que razoné mi voto en contra, porque hay muchos intereses políticos, y eso puede salpicar nuestra labor, porque yo pude haber votado con el doctor Argüello, para salir como ‘gallo limpio’ y lucirme, pero no estoy para eso, sino para actuar de conformidad con lo que es mi mandato”.
La Constitución dice que la Contraloría es el ente fiscalizador del buen uso de los recursos públicos y la obliga a velar para que el erario sea usado correctamente, sin mencionar si lo que deciden sus autoridades tiene o no consecuencias políticas.
“Yo lo que veo, sinceramente, es que en los medios, que nos han ayudado mucho, a veces caen en una cuestión (de señalamientos) continua y permanente (contra algunos funcionarios), y así tampoco, por eso es mejor esperar a que pase todo este burum bum bum político, porque en todo lo que se ha publicado no aparece algo que relacione a Roberto (Rivas) y todo es contra él”, sostuvo.
END presentó el lunes 20 de febrero un documento firmado por Rivas orientando a la directora Financiera del CSE, María Angélica Cano Ramírez, una de las firmas libradoras de esa institución, que se emitieran centenares de cheques a nombre del director administrativo del Poder Electoral de Las Palmas, Mauricio Fernández Mayorga, y otros a favor de su cuñado Leandro Delgado Osegueda, quien es encargado de logística del CSE.
“Nuestros auditores aceptan que los engañaron, pero lo hicieron de una forma que va más allá de nuestra capacidad, porque se habla de una supuesta colusión de funcionarios del CSE para falsificar papeles en un asunto bien tramado, es decir, algo que superaba nuestra capacidad de actuación, se trata de una serie de delitos graves”, añadió.
El incendio que ofende la inteligencia
Para el contralor Hernández, “la investigación dice muchas cosas interesantes, pero se habla de un asunto de más de 400 millones de córdobas robados y eso es… algo extraordinario por llamarlo de alguna forma”.
“Se habla de direcciones falsas, de verduleras vendiendo cosas, y acordate que hubo un incendio en el Mercado Oriental que pudo (haber destruido) negocios, y eso fue lo que me hizo a mí votar así”, indicó.
Fiscal nombra al que no hará nada sobre lo que llama “titulares”
El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, al ser consultado expresó ayer que ya orientó al fiscal electoral Armando Juárez para que proceda de acuerdo con su competencia en la investigación de las denuncias públicas que ha realizado este rotativo respecto a la extracción de los 407 millones de córdobas del Consejo Supremo Electoral.
“Es el doctor Juárez quien se hará cargo de ver si hay algo que investigar sobre esos titulares”, dijo Centeno, a sabiendas de que el caso nada tiene que ver con delitos electorales, y que debería ser tomado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
Mientras tanto, la responsable de la oficina de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República, Auxiliadora Rayo, expresó que todavía no había respuesta de parte del procurador Hernán Estrada, para la petición de la entrevista respecto al caso.
(Con la colaboración de Marta Vásquez)
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